La distribución eléctrica desempeña un papel crucial en la transición energética hacia un sistema más sostenible y basado en las energías renovables. Las redes de distribución son las encargadas de llevar la energía eléctrica desde las plantas generadoras hasta los consumidores finales. Y, en el contexto de la transición, dicha infraestructura debe adaptarse a los nuevos desafíos que plantea la electrificación de la economía y el aumento de la producción de energía a partir de fuentes limpias.

Lo anterior va aparejado de la necesidad actual de integrar de manera eficiente los recursos energéticos distribuidos, desarrollar redes de distribución flexibles y resilientes, mejorar la calidad del servicio y, asimismo, del perfilamiento de un usuario final más activo y empoderado.

Todo lo anterior apunta a concebir la distribución eléctrica como una plataforma de interconexión e intercambio. Pero para implementar el nuevo modelo se hace necesario impulsar una serie de modificaciones, que incluyen la tan esperada reforma al marco regulatorio que aplica al segmento de la distribución eléctrica.

En el presente articulo, tres representantes de la industria y uno de la academia comparten sus visiones acerca de los retos del país en esta materia.

Generación y almacenamiento distribuido

A juicio de Daniel Olivares, director del Centro de Transición Energética (Centra) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la distribución eléctrica es el segmento del sector eléctrico que debe atravesar las transformaciones más profundas, en el contexto de la transición energética. «Tiene que transformarse en una plataforma de transacciones multilaterales de energía, que permita la operación de nuevas instancias de mercado que incentiven el desarrollo eficiente de recursos energéticos distribuidos, tales como la generación solar residencial y el almacenamiento distribuido, y que entreguen señales para el consumo eficiente en el tiempo», afirma el experto.

En la misma dirección, añade que solo así el país podrá avanzar hacia un sistema de suministro energético más renovable y resiliente, que al mismo tiempo reduzca el impacto territorial de proyectos de producción y transporte de electricidad de gran envergadura.

Al respecto, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, entrega su diagnóstico: «la distribución eléctrica es el nexo que unirá los beneficios de la transición energética con la vida cotidiana de las personas, a través una mayor electrificación de los consumos energéticos, como la calefacción y el transporte eléctrico, y posibilitando un desarrollo masivo de la generación distribuida y el almacenamiento de energía a nivel residencial».

Añade que el país se ha fijado metas desafiantes en materia de políticas públicas, como pasar de 24% a 75% de electrificación de la matriz de consumo final de energía e instalar 8,000 MW de generación distribuida a 2050. Además, resalta que «se ha definido que el 18% del compromiso de carbono neutralidad a 2050 de Chile esté asociado al desarrollo de electromovilidad, y se busca reducir de 12 a 4 horas al año las interrupciones de suministro eléctrico a 2035».

Consumos bidireccionales

De manera complementaria, el gerente general de Enel Distribución, Victor Tavera, comenta que «para que ello sea una realidad se requerirá de redes de distribución eléctricas modernas, flexibles y robustas, capaces de soportar la mayor demanda, la bidireccionalidad de los consumos y la necesidad de una mayor calidad de servicio para los usuarios».

Sin embargo, advierte que el país hoy no está preparado para los desafios que supone la transición energética a nivel de distribución. «Sin cambios a la regulación, se hace difícil habilitar las redes necesarias para llevar adelante la transición energética y, por eso, se requiere una reforma profunda al sector», afirma.

Meriches concuerda con Tavera en este punto, sosteniendo que la regulación actual del sector tiene 40 años, sin modificaciones estructurales «y es una piedra de tope no solo para responder a las necesidades de los usuarios en el mediano plazo, sino que incluso para cumplir las expectativas actuales de los clientes respecto del servicio que reciben». En otras palabras, detalla el líder gremial, se requiere una hoja de ruta clara para llevar adelante una reforma al modelo de distribución eléctrica, que permita anticiparse a los nuevos requerimientos que tendrán las redes y la ciudadania.

«Más allá de los detalles y propuestas, es necesario comenzar la discusión de esta reforma desde ya, para que lleguemos a tiempo a enfrentar el desafío, recogiendo las visiones de expertos, la academia, los consumidores, la sociedad civil y los distintos actores de la industria», Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas.

Por su parte, el director del Centro de Transición Energética (Centra) de la Facultad de Ingenieria y Ciencias (UAI), Daniel Olivares, considera que la distribución es el segmento del sector eléctrico que debe atravesar las transformaciones más profundas dentro de la transición energética. «Debe transformarse en una plataforma de transacciones multilaterales de energía, que permita la operación de nuevas instancias de mercado que incentiven el desarrollo eficiente de recursos energéticos distribuidos, tales como la generación solar residencial y el almacenamiento distribuido, y que entreguen señales para el consumo eficiente en el tiempo», afirma el experto. Y agrega que solo así el país podrá avanzar hacia un sistema de suministro energético más renovable y resiliente, que al mismo tiempo reduzca el impacto territorial de proyectos de producción y transporte de electricidad de gran envergadura.

Seguridad y eficiencia

Un aspecto en el que existe consenso transversal es sobre la necesidad de reformar el marco regulatorio de la distribución. Al respecto, el académico opina que este proceso debe balancear adecuadamente los principios de sostenibilidad, seguridad y eficiencia económica. En ese sentido, considera que los pilares de la reforma deben ser tres.

Primero, impulsar modificaciones para favorecer la integración eficiente de recursos energéticos distribuidos. En segundo lugar, incorporar incentivos a la innovación en esquemas de planificación y operación por parte de las empresas concesionarias, para maximizar el valor de los recursos energéticos distribuidos y nuevas tecnologías, en aspec tos tales como la confiabilidad y resiliencia de las redes.

Finalmente, propone modificar el esquema de remuneración de las redes de distribución de manera tal que las empresas concesionarias vean una reducción de riesgo en el retorno por sus inversiones en infraestructura en un contexto de cambios estructurales en el segmento.

Desde otra perspectiva, Victor Tavera subraya que la regulación vigente data de 1980, «40 años después es necesaria una reforma para enfrentar los desafíos que tenemos como industria: incrementar los estándares de calidad de suministro, aumentar la resiliencia de las redes frente a eventos climáticos extremos y contar con infraestructura ante la electrificación de los consumos derivados de la transición hacia la carbono neutralidad», afirma el ejecutivo.

En ese sentido, argumenta que una reforma a la distribución debería, en primer lugar, considerar el diseño de un nuevo modelo que incentive inversiones con una mirada de largo plazo, garantizando el acceso a una mejor calidad de servicio para los clientes, incorporando también mecanismos de apoyo a usuarios más vulnerables.

«Asimismo, debería generar las condiciones para el desarrollo masivo de los recursos distribuidos en la red, posibilitando el incremento de la generación distribuida y el almacenamiento», añade.

Y desde la mirada gremial, Juan Meriches opina que foco de la reforma debe estar puesto en tres ejes. Primeramente, contar con redes más robustas y resilientes, para lo cual a su juicio «es necesario generar un esquema regulatorio que considere la realidad operacional de las compañías, mediante un sistema de incentivos más eficiente y transparente para la ciudadanía, y un rol más activo del Estado en la planificación de estas redes». Segundo, permitir que el futuro energético llegue a los hogares, lo que está ligado a la necesidad de avanzar en la inclusión de medios energéticos distribuidos en la planificación de las redes, para efectos de remuneración y tarificación, «y así adecuar eficientemente a las ciudades al desarrollo masivo de la generación distribuida, la electromovilidad y el almacenamiento».

Y, tercer lugar, dotar de mayor poder de decisión a los usuarios, por medio del tránsito hacia una tarificación diferenciada, eliminando las tarifas planas y considerando otros elementos para diferentes tipos de clientes.

Por parte de Grupo Saesa, la gerente de Asuntos Corporativos, Alondra Leal, sostiene que, en cuanto a la reforma, es necesaria «una buena discusión sobre qué sector eléctrico queremos tener. La ley actual está desactualizada y requiere reenfocarse, para, de verdad, poner al cliente en el centro y mejorar su experiencia de servicio. En ese sentido, por ejemplo, hay que repensar las exigencias que impone la ‘empresa modelo’, las cuales están desconectadas de la realidad de las distribuidoras».

 

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