Cristián Araya, abogado del Centro para la Transición Energética (CENTRA) de la Fac. de Ingeniería y Ciencias UAI.

Durante el último tiempo, en varios ámbitos se han alzado voces propugnando la importancia de una adecuada planificación territorial, con énfasis en las industrias de la energía y la infraestructura. Para algunos, la sola palabra trae duros recuerdos de ineficiente planificación centralizada, hecha muchas veces desde una oficina de burócratas escasamente conectados con la realidad.

Ese fantasma no es lo que se busca, por cierto. La planificación contemporánea, eficiente y duradera, se basa en un diálogo abierto de asociación público-privada (APP), donde se vele por las necesidades públicas y el bien común, pero fundamentada en información, datos y experiencia real sobre el funcionamiento y riesgos de cada industria, aportada por la ciencia y el sector privado.

En un contexto donde se requiere con urgencia aumentar la inversión y consolidar el empleo, ese diálogo parece aún más crítico en sectores donde el desarrollo de proyectos y el uso del territorio pueden encontrar dificultades importantes. Aún más, si existe una meta del Estado refrendada por la Ley de Cambio Climático (LMCC), de alcanzar la carbono-neutralidad al 2050 y el compromiso de aplicar los ODS.

Una planificación territorial con base en APP permitirá reducir incertidumbres y considerar metas a largo plazo, así como también aunar criterios y coordinar el accionar de diversos entes de la administración del Estado.

Las normas facilitantes ya existen. Tenemos una Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) vigente desde 2021, elaborada por una comisión interministerial muy amplia –Minvu, Interior, MOP, Energía, MMA, Economía y otros–, cuyo objetivo es orientar la acción del Estado y actores privados en la configuración de un territorio armónico, integrado y seguro, e impulsar un desarrollo sustentable, constituyendo la articuladora de las políticas, planes e instrumentos para conducir y coordinar las iniciativas con incidencia territorial. De esta forma, la PNOT actúa como un marco directriz de todos los instrumentos que atañen al territorio (nacional-regional-local), siendo 2 de sus ejes estratégicos el sistema económico-productivo y el sistema de infraestructura.

Los recientes anuncios de la autoridad sobre el impulso de la agenda legislativa pueden ser una muy buena instancia para abordar esta urgencia.

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