27 de octubre de 2025

La iniciativa, desarrollada por la Universidad Adolfo Ibáñez, con el apoyo de Antofagasta Minerals y la empresa KeyProcess, busca transformar los depósitos en una nueva fuente de metales estratégicos.

Del desecho a protagonizar la transición energética. Esta es la apuesta del proyecto BioElectroTor, que lidera la Universidad Adolfo Ibáñez, con apoyo de la empresa KeyProcess y Antofagasta Minerals (AMSA). Se trata de un reactor bioelectroquímico que utiliza bacterias y electrodos polarizados para extraer cobalto y níquel desde los relaves con menos energía, disminuyendo el impacto ambiental y posicionándose como una opción prometedora para la «reminería» de estos pasivos, lo que lo ubica por encima de otros métodos tradicionales como la biolixiviación o hidrometalurgia.

La propuesta, además, abre la posibilidad de convertir un pasivo ambiental histórico en una ventaja competitiva para la minería chilena, según Javiera Toledo, investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez y quien lidera el proyecto.

«Un desafío importante es que cada depósito de relaves tiene una composición distinta y eso puede afectar la eficiencia del proceso. Por eso desarrollamos reactores modulares capaces de adaptarse a condiciones variables, con el objetivo de que la tecnología sea escalable y sustentable en el tiempo», dice.

LA VISIÓN EMPRESARIAL

Para que una innovación como el BioElectroTor trascienda el laboratorio es clave contar con la mirada de la industria. Ese es el rol de KeyProcess, empresa chilena que participa como socio tecnológico aportando su experiencia en ingeniería de procesos y en la integración con operaciones reales.

Para Marcela Paz Bastias, directora de Tecnología de KeyProcess, el desafío no solo está en la validación técnica, sino también en la capacidad de escalar gradualmente la tecnología, manteniendo la estabilidad biológica y electroquímica bajo condiciones variables de faena, y garantizando que los costos operacionales sean competitivos. Por este motivo, la empresa promueve el desarrollo de colaboraciones entre sectores industriales, académicos y entidades públicas, con el objetivo de acortar la distancia existente entre el conocimiento científico y su aplicación práctica.

«La escalabilidad de BioElectroTor es alcanzable si se aborda de manera gradual y con un enfoque integrado de ingeniería», señala Bastias. Y añade que, «a nivel piloto, el reto está en controlar la estabilidad biológica y electroquímica; y a nivel industrial, en integrar el sistema a procesos existentes y optimizar los costos. Creemos que las sinergias entre actores clave pueden hacer viable esta tecnología y abrir un nuevo estándar para el tratamiento y valorización de relaves».

El piloto cuenta con el apoyo de Antofagasta Minerals, que aportó muestras reales de relaves para validar el funcionamiento del BioElectroTor en condiciones representativas de la industria chilena.

Esta colaboración no solo permite probar la tecnología con materiales concretos, sino que también abre la puerta a su futura implementación en faenas reales. En un escenario de creciente demanda global por cobalto y níquel, minerales críticos para la electromovilidad y el almacenamiento energético, Chile podría sumar una nueva fuente de valor a su cartera productiva, diversificando su rol más allá del cobre y el litio, según Toledo.

«Gracias a la colaboración con AMSA, al término del proyecto podremos contar con una validación experimental en un entorno representativo, lo que fortalece la proyección de esta tecnología hacia etapas futuras de aplicación», señala.

LA REGULACIÓN PENDIENTE

El reprocesamiento de relaves para recuperar minerales críticos no podrá convertirse en una solución real mientras persista el vacío normativo que existe sobre los depósitos abandonados, según Raimundo Gómez, director de Fundación Relaves.

Hoy, la Ley de Cierre de Faenas solo aplica desde 2012 en adelante, dejando sin regulación ambiental a cientos de pasivos previos. Sin un marco legal que defina responsabilidades, estándares de intervención y mecanismos de gobernanza, estos depósitos seguirán a la deriva, generando riesgos para las comunidades y desincentivando inversiones en tecnologías innovadoras. Además, se requieren incentivos económicos y políticas públicas que promuevan activamente la reminería, transformando un problema histórico en una oportunidad estratégica.

«Tiene que haber una regulación respecto a qué hacer con los relaves abandonados, cómo perseguir la responsabilidad público-privada y, una vez que se regule esta situación, generar incentivos económicos para que las empresas realmente quieran trabajar sobre ellos», agrega Gómez. Según el especialista, «los relaves abandonados a veces tienen leyes de mineral más altas que la misma roca; o sea, sí, sería una buena forma de trabajarlo, pero con incentivos adecuados para que las empresas realmente quieran intervenirlos».

LA DEUDA DE LOS RELAVES

Chile enfrenta un desafío histórico con unos 795 depósitos de relaves, muchos de ellos abandonados y sin regulación efectiva, según el Servicio Nacional de Geología y Minería. Estos pasivos mineros representan un riesgo latente para comunidades y ecosistemas, incluyendo infiltración de metales pesados en napas subterráneas, dispersión de material particulado por el viento e incluso peligros de colapso en zonas urbanas y rurales.

Casos como el derrumbe del relave en Las Palmas tras el terremoto de 2010, que costó la vida a una familia completa, revelan la urgencia de abordar de manera integral un problema que combina deuda ambiental, social y sanitaria, señala Raimundo Gómez, de Fundación Relaves.

«En Chile no existe una ley que se haga cargo de los cientos de relaves abandonados que tenemos. Muchos están en las mismas ciudades, a orillas de ríos o en cuencas, contaminando aguas y afectando la salud de la gente. Es una deuda histórica comparable a la falta de una norma de suelo que defina cuándo un terreno está contaminado y cuándo no», advierte Gómez. Además de los riesgos ambientales inmediatos, la falta de un catastro actualizado impide dimensionar con precisión la magnitud del problema.

Esto no solo agrava la exposición de comunidades completas a polvo y aguas contaminadas, sino que retrasa soluciones que podrían convertir parte de estos pasivos en activos, considerando que muchos relaves mantienen concentraciones de metales superiores a las de la roca fresca. «Debe haber un catastro confiable con información actualizada y esto no ocurre actualmente. Vemos que en los catastros faltan relaves.

Por ejemplo, la Región de Arica se considera un relave y hay más de seis en la ciudad. Muchos están en las mismas ciudades, como Andacollo o Copiapó, a orillas de los ríos o en cuencas, contaminando las aguas y llegando a las casas de la gente», concluye.