Columna de Daniel Olivares, La Tercera

La transición energética es por sobre todo una transición moral que se cree tomará otros 27 años a nivel mundial. En Chile, el camino estará lleno de ajustes en nuestra regulación, que irán reflejando gradualmente un nuevo balance entre los principios de sostenibilidad y resiliencia, y el principio de eficiencia económica.

En esta línea, el actual proyecto de ley de transición energética viene a mejorar procesos, redistribuir riesgos, y movilizar recursos, modificando el balance entre estos tres principios. El proyecto contribuye parcialmente a resolver una crisis aguda del sector de generación renovable, que se ha tomado la agenda del sector en lo que va del año.

Si bien el proyecto es un avance, considerando el largo camino por recorrer, sería deseable que a futuro el país pueda abordar los desafíos que plantea la transición antes de caer en una crisis, de lo contrario se corre el riesgo de avanzar en función de los intereses de quienes gritan más fuerte, y no de lo que el país requiere.

Para lo anterior se requiere una visión clara y estable de cómo será la transición energética para Chile, una institucionalidad del sector menos sujeta a los ciclos de gobierno, una mayor base de conocimiento y desarrollo tecnológico local en universidades y centros de I+D, y medidas que acerquen la problemática a la ciudadanía.

En concreto, el país requiere formar profesionales capaces de generar y adoptar nuevas perspectivas sobre el desarrollo energético nacional, invertir en I+D+i que permita generar tecnología y soluciones locales que aporten mayor autonomía energética y competitividad para el país, y la construcción de alianzas genuinas entre los sectores público, privado y la academia.

Daniel Olivares

Director Centro de Transición Energética

Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI